Ni licuadora ni tijerita, como describe el presidente Javier Milei. Primero motosierra y después negociación política. Alrededor de la mesa se sientan el Ministerio de Economía y distintos representantes de los gobiernos provinciales. En el centro, 1253 obras públicas paralizadas que esperan una definición: continuidad o final a medias.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno decidió interrumpir estos 1253 proyectos como consecuencia del ajuste del gasto y de una revisión de la herencia recibida en el área de infraestructura que llevó a un análisis sobre qué puede priorizarse o suspenderse al contar con recursos limitados. En otras palabras, si “no hay plata” entonces qué se puede hacer con estas obras que iniciaron durante la gestión de Alberto Fernández y quedaron sin terminar.
El costo total de las 1253 obras, basado en información oficial actualizada al 20 de mayo, se estima en unos $1,4 billones. Parte de ese monto ya fue pagado para que las obras inicien pero ahora todo está parado.
Desde las oficinas del Ministerio de Economía detallaron que la mayoría de las obras son de baja envergadura. Dentro de ellas se encuentran varios casos de arreglos de cunetas y veredas, la carpintería para una pileta municipal, la construcción de vestuarios en clubes deportivos, baños en cementerios municipales, acondicionamiento de plazas y pistas de patineta, entre otras. Para el Ejecutivo, el acotado calibre de estos proyectos no justifica la intervención del Estado nacional porque distan de tener un impacto considerable como por ejemplo el de nuevas rutas o mantenimiento de ellas, ampliación de hospitales, escuelas, etc. Iniciar las obras pequeñas en cuestión, indican, habría respondido al interés político de los beneficiados. Continuarlas también, pero esto implicaría una gran diferencia: cambiaría quién las paga. El Gobierno busca traspasarles la responsabilidad de financiamiento a las provincias o municipios. Caso contrario, los trabajos quedarían discontinuados.
Se consultó a varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Desde la administración de Axel Kicillof fueron tajantes: “no hay ninguna negociación abierta” ya que, según contaron, “Nación solo informó que están analizando re activar algunas obras”. En cambio, una alta fuente de la gobernación de Martín Llaryora aseguró que analizan hacerse cargo de dichas obras con esquemas de financiamiento compartido con los municipios. En paralelo, el equipo del santafesino Maximiliano Pullaro admitió que comparten la visión de la Secretaría de Obras Públicas nacional sobre las obras de baja envergadura. Además, informaron que ya absorbieron la responsabilidad de algunas “obras estratégicas que son necesarias para impulsar la producción y la exportación”.
Según revelaron fuentes de la Secretaría de Obras Públicas, en diciembre de 2023 había 2677 obras en ejecución sin finalizar. De ellas, 2049 obras, es decir 3 de cada 4, fueron iniciadas bajo la modalidad de “convenio”. Los 1253 proyectos en negociación se concentran en ese último grupo.
La modalidad convenio le otorgaba al Estado nacional la función de financiador de las obras adjudicadas. De las licitaciones y el control del avance de los proyectos se hacían cargo las provincias o municipios beneficiados. Es decir, armaban los pliegos, decidían con quién firmar el contrato, las condiciones del mismo y verificaban el correcto desarrollo de los trabajos. En términos sencillos, esto significa que el Gobierno giraba la plata a las jurisdicciones y estas últimas se encargaban de todo lo demás.
Un ejemplo de eso es lo que ocurrió con los 187 centros de desarrollo infantil cuya construcción se encuentra paralizada y también forman parte de un convenio, tal como informó hace dos semanas. En aquel entonces, un representante del exMinisterio de Obras Públicas, que estaba a cargo de Gabriel Katopodis, había explicado que el Gobierno transfería dinero a las provincias o municipios en la medida que estas jurisdicciones acreditaban que el proyecto avanzaba. Muchas de estas obras (119) no llegaron a terminarse en el tiempo que estaba estipulado. De hecho, una fuente que participó del área de obras públicas en la gobernación chaqueña de Jorge Capitanich había argumentado que “desde septiembre”, es decir después de las elecciones PASO del 2023, “se ralentizaron las obras por falta de financiamiento nacional y eso hizo que se frene la ejecución de obras”.
El Gobierno no especificó el detalle de las 1253 obras cuya continuidad depende de la negociación con los gobernadores e intendentes. Pese a eso, un análisis del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas actualizado al 21 de mayo permitió determinar que existen al menos 800 obras suscriptas bajo la modalidad “convenio” que se iniciaron entre 2022 y 2023, y se encuentran inconclusas pese a que sus plazos de finalización estaban pautados para el año pasado.
De esas 800 obras, el 25% tiene como objeto pavimentación y arreglos de cunetas y veredas; el 15%, parques, plazas, alumbrados, polideportivos y espacios recreativos; el 17%, centros de desarrollo infantil; el 11,5%, trabajos vinculados a cloacas. Dentro del grupo de las restantes también se observan, en menor proporción, obras en escuelas, casas para adultos mayores, centros de atención del Sedronar, “nodos solidarios” y la ampliación del Consejo Deliberante de Lanús, entre otras.
Según informaron fuentes de la Secretaría de Obras Públicas, la mayoría de los 1253 proyectos que están pendientes de una redefinición en su financiamiento para sobrevivir se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la región centro del país.
En ese sentido, desde la gobernación de Axel Kicillof dijeron que “la provincia está en una situación muy crítica financieramente” y que debería analizar puntillosamente hacerse cargo de algunas obras. En paralelo, insisten en que originalmente la responsabilidad es de Nación y que en tanto no haya ningún cambio “las obras se siguen deteriorando y hay miles de despidos”.
A propósito del desfinanciamiento, según el relevamiento de la herencia recibida en infraestructura realizado por la gestión libertaria, de las 2677 obras que estaban en ejecución en diciembre del año pasado, el 50% no registraba pagos en los últimos 3 meses, el 37% tampoco en los últimos 6 meses, el 25% en los últimos 12 meses y el 8% directamente estaban sin ninguna erogación. Por esta razón, desde las oficinas del Ministerio de Economía señalaron que parte de la obra pública habría estado paralizada desde antes de la llegada de Javier Milei al poder.
Sobre la eventual parálisis previa al cambio de gobierno, se consultó a representantes del exMinisterio de Obras Públicas pero tras más de 24 horas no obtuvo respuesta.
De esta manera, el panorama de la obra pública presenta 347 proyectos que el Gobierno catalogó como prioritarios y por ende sobrevivieron a la motosierra, 183 están en reprogramación y 2135, discontinuados. Dentro de este último lote se encuentran los 1253 que forman parte de la conversación entre el Ejecutivo nacional y las provincias. (Fuente La Nación)
