Tal como adelantó LA UNIÓN, los trabajadores despedidos de la textil Textilcom llevaron a cabo en la tarde de este miércoles una jornada de manifestaciones exigiendo la pronta reactivación de la fábrica.

En horas de la tarde, un grupo de cesanteados decidió llevar a cabo una sentada pacífica en las afuera de la planta ubicada sobre la calle Echeverría 651 en la Capital, para visibilizar la situación crítica que atraviesan desde hace más de un mes. Si bien en un primer momento anunciaron una movilización hacia plaza 25 de Mayo, desistieron de la medida en virtud de la vigencia del protocolo antipiquetes.

En diálogo con LA UNIÓN, los operarios señalaron que hasta la fecha no recibieron ninguna información sobre las gestiones que lleva adelante el Ejecutivo provincial, aunque aclararon que tras la toma un grupo de inversores se acercaron a la empresa mostrando interés, lo que genera a los trabajadores esperanzas de una posible reactivación de la fábrica. “La decisión de realizar la sentada responde a la necesidad de mantener su protesta visible y al mismo tiempo evitar conflictos con las autoridades”, indicó Vanesa Jerez, una de las trabajadoras afectadas.

Ante la falta de respuestas de las autoridades, los despedidos adelantaron que están preparados para avanzar con juicios laborales.

Recordemos que si bien el conflicto no es nuevo, se intensificó cuando el pasado lunes 20 de mayo los trabajadores recibieron un comunicado informándoles que la empresa permanecería cerrada y deberían retomar a sus puestos de trabajo este miércoles 22. Sin embargo, los empleados decidieron presentarse a trabajar un día después y se encontraron con insumos y materia prima embalados. Ante esta situación, los trabajadores decidieron en una asamblea tomar la fábrica textil, medida que continúa hasta la fecha.

En medio del conflicto laboral, el Gobierno provincial anunció que se iniciará un sumario a causa de las infracciones cometidas por la empresa Textilcom, previstas en la Ley N° 25.212, en lo que se refiere a la falta de entrega de los certificados de servicios o de desvinculación de la relación laboral a requerimiento del trabajador y la violación de las normas relativas en cuanto a monto, lugar, tiempo y modo del pago de las remuneraciones.

Por otro lado, se confirmó un aporte mensual de $200.000 para cada trabajador que se suma al fondo de desempleo que perciben desde junio.