La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a la Argentina por la violación a los derechos de las víctimas en el esclarecimiento al atentado a la AMIA, ocurrido hace casi 30 años. El fallo del tribunal internacional se basó en la propia aceptación del Estado argentino, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, de las “múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas del atentado en acceder a la información sobre el caso, vulneraron el derecho a la verdad”.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo en su resolución el máximo tribunal. En ese contexto se ordenó al Estado a indemnizar a las víctimas.
El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un coche bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, una combinación de nitrato de amonio -con el agregado para potenciar el nivel de destrucción de aluminio-, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. El atentado mató a 85 personas.
Desde entonces hubo varios juicios. El primero contra la llamada conexión local en donde se acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Ese juicio terminó con todos absueltos: el propio tribunal sostuvo que la acusación nació de un pago “espurio e ilegal” que se habia ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia, luego de la declaración del primer detenido que tuvo el caso el reducidor de autos Carlos Telleldín. A raíz de ello, el gobierno de Néstor Kirchner reconoció firmó un decreto en 2005 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista y se compromete a realizar una serie de medidas para cumplir sus obligaciones.
“Pasaron los gobiernos, pero nadie las cumplió”, dijo Memoria Activa en marzo. En 2021 la CIDH eleva el caso “Memoria Activa contra el Estado argentino” a la Corte Interamericana de DDHH, debido al incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado argentino.
Entre 2015 y 2019, otro tribunal llevó adelante el juicio por el llamado encubrimiento a la investigación. Ahí terminó condenado el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales y el ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy, entre otros, además del propio Telleldín que había recibido el pago de 400 mil dólares en la previa al segundo aniversario del atentado.
En abril pasado, la Cámara Federal de Casación Penal dictó dos sentencias claves en este caso. Por un lado confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación del ataque, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión. Por otro, confirmó la absolución del reducidor de autos Carlos Telleldín en un fallo en donde el voto del juez Carlos Mahiques sostuvo que el ataque contra la embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. El fallo sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para la Argentina demande formalmente a Irán.
