Este lunes, comunidades originarias, pobladores, movimientos sociales y referentes ambientalistas expresaron su rechazo a la adhesión de la provincia al "Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones" (RIGI), y manifestaron su profunda preocupación por el posible impacto negativo del mismo.

En una carta abierta a los Diputados de Catamarca, apuntaron que el RIGI es anticonstitucional y exigieron a los legisladores que no permitan el avance contra las comunidades.

Carta Completa

Las personas abajo firmantes – comunidades, pobladores, asambleas, movimientos sociales, ciudadanas y ciudadanos de nuestra provincia – expresamos nuestra firme oposición a la adhesión al “Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones” (RIGI), ya que consideramos que dicha medida representa una entrega anticonstitucional. Este régimen viola leyes nacionales fundamentales.
El Artículo 41 de la Constitución Nacional establece que: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Esta medida contraviene también la Ley General del Ambiente N° 25.675, la Ley de
Protección de Glaciares N° 26.639, el Acuerdo de Escazú, y el principio de
autodeterminación de los pueblos. Asimismo, vulnera el derecho de acceso a la información pública, protegido tanto por la Constitución Nacional como por tratados internacionales, y regulado por la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

La Campaña Plurinacional “No al RIGI” ha subrayado que ningún Estudio de Impacto Socio Ambiental serio y responsable puede realizarse en un plazo de solo 45 días.

Es importantísimo señalar que vulnera la Ley 23.302 de apoyo a las comunidades
indígenas, que garantiza sus derechos a la tierra, educación, salud, y participación en la vida pública nacional. También contraviene el Convenio 169 de la OIT, que en sus artículos 6, 7 y 8 consagra el Principio de Consulta Previa, Libre e Informada, así como el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que protege los derechos de los Pueblos Originarios Preexistentes. La avanzada sistemática e histórica sobre los Pueblos Ancestrales es la misma que se hace sobre nuestros Derechos Humanos y el saqueo de la Tierra y sus mal llamados “recursos naturales”.

Defendemos nuestro territorio y el derecho humano esencial de acceso al agua.
Recordamos que hace 30 años se promulgó la Ley de “Promoción de la Minería”, cuyos efectos se reflejan hoy en la contaminación de nuestros territorios y cuerpos, y en la desigual distribución de los recursos socioeconómicos y ambientales en nuestra provincia.

Ahora, el RIGI, si ustedes adhieren, otorgará a estas empresas una licencia para continuar con esta extracción descontrolada por otros 30 años, con regalías mínimas del 5% en el mejor de los casos sobre el total que esas empresas presentan en su declaración jurada, sin que el Estado pueda verificar o constatar con certeza.

Es crucial que ustedes, nuestros representantes, comprendan y atiendan nuestras
preocupaciones sobre la posible adhesión de Catamarca al RIGI.

Este modelo extractivista ha generado persecución política, conflictos ambientales y judiciales, y problemas en la provisión de servicios, sin contar con la licencia social. Además, se desarrolla en un contexto donde el 57,3% de nuestra población vive en la pobreza y el 16,4% en la indigencia. No hablamos solo de cifras alarmantes, sino de personas cuyos derechos y bienestar se sacrifican en nombre del progreso de otros (empresas, burocracia y Estado), a costa de la comunidad catamarqueña.

Defendemos un modelo productivo que incluya a todas y todos, como el desarrollo de nuestras economías regionales, que es sostenible, equitativo, y aporta al crecimiento de las distintas economías y corredores productivos de nuestra provincia.

Rechazamos también el ingreso de empresas con conflictos bélicos en sus propios
territorios (y los que ocupan). No queremos que esas prácticas destructivas se trasladen a nuestras tierras.

Conocemos los antecedentes de la empresa Israelí Mekorot y sus maneras de “gestionar” el agua: han secado el Río Jordán y son responsables de delitos de lesa humanidad al privar de agua al pueblo palestino, incluso impidiéndoles recolectar agua de lluvia, militarizando acuíferos. Ahora, vienen por nuestro recurso primordial para darle prioridad a los grandes emprendimientos de explotación minera y todo tipo de extractivismo, no a las personas.

Darle el control total a las corporaciones es un atentado a la Vida de todo el Pueblo, ustedes: ¿Van a permitirlo?, Hacemos entrega de esta carta como un llamado a la conciencia y a la responsabilidad que tienen ustedes, diputados y diputadas, elegidos por el pueblo para representar nuestras voces y velar por nuestros derechos y vidas. La historia, nuestra provincia y sus
comunidades necesitan de su compromiso para defender lo que nos pertenece a todos y todas.

Atentamente,
Comunidad Originaria Ayllu Mayu Wasi, Centro Cultural Waka Luna
Asamblea Ríos Vivos - Guardianes del Ambato- Catamarca
Nuestra América - MP - Catamarca
APCA Neuquén Lidia Campos y Juan Ponce. Integrantes de la Asamblea Permanente del Comahue
por el Agua-Allen (R.N).

Valeria Romero de la LOF NEWEN TAIÑ MAPU (R.N).-Hugo Rubén Corihuala.