Mientras el Gobierno define la reglamentación de la reforma laboral incluida en la Ley Bases, crecen las presiones empresarias y sindicales para que la normativa avance en sentido de sus intereses particulares.
El Grupo de los seis -conformado por las cámaras empresarias más importantes- se reunió en varias oportunidades con funcionarios del Ejecutivo y señaló cuáles son sus temas clave y, aunque la CGT rechazó formar parte de la mesa de diálogo tripartito, intenta frenar o minimizar el impacto de los puntos más controversiales para los gremios.
La reforma laboral forma parte del paquete de proyectos sobre los que trabaja el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y uno de los ejes fundamentales del plan de desregulación económica que promueve el presidente Javier Milei.
Cuenta con el aval de los sectores empresarios, incluso sumó aliados entre las pequeñas y medianas empresas; pero a la vez es resistida por los trabajadores y genera tensiones entre gremios.
El triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) prepara para esta semana una reunión de mesa chica ampliada para analizar los pasos a seguir; evaluar los avances o retrocesos en las negociaciones que algunos dirigentes y gremios mantienen activas con el Gobierno, y definir la estrategia a seguir.
Los puntos clave para el Gobierno
La reforma laboral del Gobierno gira en torno de cinco puntos clave:
- Regularización de trabajadores no registrados: La iniciativa alcanzará a los empleados que comenzaron un vínculo laboral antes de la entrada en vigencia de la ley. Los empleadores dispondrán de 90 días para que concreten el trámite de registración, sin multas ni sanciones. Determina también que serán eliminados o no incluidos al Registro de Sanciones Laborales y que los sindicatos no podrán denunciar la falta de registración de las relaciones laborales. Esa responsabilidad solo estará en manos del trabajador, y podrá hacerlo ante una autoridad de aplicación a través de un medio electrónico establecido por la AFIP.
- Creación del fondo de cese laboral: Será optativo y dependerá de los convenios colectivos de trabajo. Será acordada entre los gremios y los empleadores de cada sector. Este fondo no podrá superar el 8% del salario y será aportado por el empleador.
- Extensión del período de prueba: Será de seis meses, para las empresas con más de 100 empleados; el lapso será de ocho para las compañías que cuenten con seis a 99 trabajadores, el período alcanzará un año para las firmas con cinco empleados o menos.
- Reglamentación del derecho a huelga: Se descontarán los días o las horas a los trabajadores que hayan hecho huelga y se incorporará el concepto de “causa justa” para que las empresas puedan despedir a un empleado que participó de un bloqueo o de la toma de una compañía.
- Modificación del trabajo en el sector público: los funcionarios de organismos públicos que sean eliminados podrán ser puestos en disponibilidad por hasta 12 meses y, si no logran ser reubicados en ese período, podrán ser desvinculados definitivamente. Habrá examen de ingreso para la administración estatal.
Qué reclaman los cámaras empresarias
El Grupo de los seis -conformado por la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); la Sociedad Rural Argentina (SRA); la Cámara de Comercio (CAC) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba)- fue recibido en varias oportunidades por funcionarios de primera línea del Gobierno, incluso por Milei. Igual camino siguió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).
Acompañan en su conjunto el camino emprendido por el Presidente y celebran que avance en una reforma laboral. Inesperadamente, también las pymes acompañaron la decisión. El sector suele ser más proclive a defender gobiernos desarrollistas o con perfil proteccionista de la producción local, pero la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera) le dio su apoyo a la gestión libertaria.
Además de los puntos ya incluidos por el Gobierno, grandes, medianas y pequeñas empresas coincidieron en sumar que el fondo de cese laboral sea opcional a elección de la empresa y no por negociación gremial; la segmentación por tipo de empresa; descontar las cargas sociales a cuenta de otros impuestos; reglar las asambleas de los trabajadores; cambiar los montos de las actualizaciones de los juicios laborales, y modificar la Ley de ART.
Qué cuestionan la CGT y los gremios
Si bien la mayoría de los dirigentes gremiales reconoce la necesidad de modernizar las leyes laborales, la forma de hacerlo genera controversias dentro y fuera de la CGT.
El ala dura liderada por Pablo Moyano cree que habilitar la discusión con el Gobierno libertario es abrir una puerta a cambios que tocarían derechos adquiridos. En el sector dialoguista consideran que es un debate que se debe dar, pero clarificando cuáles son los límites.
El fondo de cese laboral al estilo de los trabajadores de la construcción es aceptado por parte del sindicalismo. De hecho, uno de sus promotores principales es el líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez. También el período de prueba y la regularización de trabajadores no registrados.
Sobre lo que hay casi plena coincidencia es en rechazar que los gremios no puedan denunciar trabajo no registrado; que se condicione el derecho a huelga -fundamentalmente en lo que refiere a asambleas y bloqueos-; la incorporación de nuevas causales de despido sin inseminación y algunos puntos que hacen al trabajo estatal.
En la reunión de mesa chica ampliada que se convocaría para esta semana, podría terminar de definirse la estrategia para el período que viene en cuanto a la relación de la CGT con el Gobierno. En momentos en que el Presidente viene de una serie de derrotas en el Congreso y con el PRO como aliado político en tensión, debatirá si es momento de endurecer -como presiona Moyano- o sentarse a dialogar, bajo la premisa de la necesidad de Milei de empezar a negociar.
Fuente: TN Noticias
