El Senado debate los fondos para la SIDE
El oficialismo apuesta a aprobar con cambios el proyecto de reforma electoral y advirtió que si se sanciona el aumento de fondos para las casas de altos estudios, el presidente Javier Milei lo vetará.

Después de un triunfo legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados, el Senado de la Nación debate otro de los proyectos que enfrentaría un posible veto de Javier Milei: la ley de financiamiento universitario, que fortalecería el presupuesto educativo. Además, se votará el régimen de Boleta Única de Papel; mientras que se incluyó en el temario la derogación del DNU 656/2024 que otorgó fondos reservados para el Servicio de Inteligencia (SIDE).

Durante toda la semana, el Gobierno exploró distintas alternativas para entorpecer la realización de una sesión que se le presentaba como desfavorable. En las últimas 48 horas, intentaron torcer la intención de que se presenten los bloques opositores con los que sostiene diálogo, provocando que el encuentro se caiga por falta de quórum. Posteriormente, y tras una reunión entre Javier Milei y senadores de distintos espacios con los que tiene mayor cercanía, lograron consensuar sólo dos de los tres temas que se habían acordado la semana pasada.

Senado: en qué consiste la ley de financiamiento universitario

El proyecto fue presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara de Diputados y lleva la firma principal de Danya Tavela y otros legisladores como Facundo Manes, Martín Tetaz, Mariela Coletta, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.

El objetivo principal de la norma es declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para este año. En este marco, la normativa busca "atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales".

Se asignará, en caso de ser aprobado el proyecto, un 85% para gastos salariales y un 15% para gastos de funcionamiento. En el caso de los gastos de funcionamiento se utilizará una fórmula que combina el IPC con la variación del tipo de cambio y la variación de tarifas de servicios públicos.