Mientras se sostiene el debate a nivel legislativo local sobre el RIGI y desde el Ejecutivo se apura por su adhesión, ahora es la Pastoral Social la que se suma en opinión sobre este régimen en la provincia. Al respecto esta instancia de la Iglesia local señaló “cuando se planifica el futuro de la provincia en el uso de sus recursos y la proyección socioeconómica de la población en el marco del cambio climático en que estamos inmerso, es importante tener una visión integral, global y de largo alcance temporal, de manera de que lo que se plasme en el orden de las ideas ahora se concreten en obras que sirva tanto para la presente generación de catamarqueños como las venideras”.
Luego y tras indicar que la aplicación del RIGI tiene “cierta lógica, por su actualidad y potencial”, igualmente consideraron que “no se puede perder de vista, que aquella herramienta jurídica también tiene aplicación a otros recursos que dispone Catamarca y que pueden ser objeto de inversiones”.
Al describir la realidad minera y lo sucedido en Catamarca recordaron “que debe tenerse presente la reciente experiencia que tuvo la provincia de Catamarca con la explotación de Bajo La Alumbrera (1997-2018). Es decir, evaluar si entre los saldos positivos se pueden acreditar: rutas, redes de telecomunicaciones, nuevos servicios de agua potable, ampliación de redes de energía eléctrica, construcción de establecimientos educativos, si se mejoró el nivel de vida de población, que se hizo para mejorar la seguridad, cuantos hospitales se construyeron y como evolucionó el empleo privado y público. En cuanto a los saldos negativos sería conveniente que se detalle si hubo: contaminación del agua, suelo y aire, pérdida de biodiversidad, inmigración, daños en viviendas y sitios arqueológicos, disminución de flora y fauna, etc.”.
En otro tramo del documento, la Pastoral Social señala que mientras se continúa con los debates para discernir la adhesión o no de la provincia de Catamarca al RIGI en los ámbitos legislativo y académicos, ellos aportan reflexiones a esta conversación:
"1-Cualquier decisión que se tome debería seguir el principio del bien común, es decir que sea ampliamente favorable a la mayoría de la población en términos de generación de trabajo genuino, durabilidad y de buenos niveles salariales; avance concreto en la calidad de vida de la población; optimización continua del control y protección del medio ambiente; fortalecimiento y promoción de las pymes, emprendedores y proveedores locales.
2-Que la decisión final de los legisladores ya sea a través del RIGI u otro sistema alternativo de promoción de las inversiones, tenga como norte el despegue productivo y económico definitivo de las economías regionales, especialmente de las zonas más postergadas del Oeste, Este y la Puna catamarqueña, con indicadores de mensurabilidad comprobable.
3-Que se respete en todos sus términos la dignidad de la totalidad de los ciudadanos catamarqueños, especialmente en los aspectos laborales, idiosincrasias, de equidad de oportunidades de acceso al trabajo y el derecho a una respetable calidad de vida y prosperidad en un ambiente equilibrado y sin contaminación de los recursos naturales vitales.
4- Que se tenga presente y se cumpla con los programas de compre de productos catamarqueños y que en los proyectos eventuales a concretarse a través del RIGI u de otro sistema alternativo de promoción de las inversiones tengan preferencia la ocupación de mano de obra local.
5- Que los proyectos de inversión, cualquiera sea su índole, rubro u escala, cumpla previamente a su ejecución con los informes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la licencia social de parte de las poblaciones próximas a los enclaves productivos.
6- Que la prioridad en el uso de los recursos naturales, caso concreto del agua siempre tenga preferencia el abastecimiento a las poblaciones y de uso pecuario, como lo dispone la ley de aguas de la provincia de Catamarca”.