Mientras los vecinos se manifiestan reclamando por el fuerte incremento en las boletas de Ec Sapem, lo que derivó que algunos concejos deliberantes se ocuparan de este reclamo, al punto de conformar el Foro Provincial de Concejales, a esto se sumó este martes la presentación hecha por el diputado Alfredo Marchioli ante la Corte de Justicia.
El legislador opositor presentó un amparo sobre las tarifas de servicios, esto con el patrocinio del abogado Agustín Marchetti, quien dijo que con esta medida se busca proteger el derecho de los consumidores que se ha visto vulnerado en las últimas facturaciones.
El diputado radical, en tanto, manifestó que con este amparo lo que se pretende es que se deje sin efecto el decreto acuerdo del gobierno y los dos últimos incrementos tarifarios convalidados por el ENRE. La idea es que se regrese a los valores de principio de año.
"La idea es proteger la economía de la familia catamarqueña. Hoy el servicio de energía eléctrica es una condición de habitabilidad y es un derecho que está garantizado por nuestra Constitución y por las leyes. Esto está comprometiendo justamente el acceso a la salud y a la misma educación. En ese concepto es que está presentado este amparo", dijo Marchetti.
El legislador, también advierte sobre el impacto negativo del Decreto N° 153/24, que pone a los usuarios en una posición de vulnerabilidad ante la empresa prestataria, cuyo socio mayoritario es el Estado Provincial. Este decreto, según Marchioli, agrava las condiciones para el acceso y mantenimiento del servicio eléctrico, en una clara violación al derecho humano de acceso a la energía.
El recurso de amparo, además de solicitar la nulidad de las resoluciones que autorizan los aumentos tarifarios, busca que se garantice el respeto a los contratos entre los usuarios y EC SAPEM, impidiendo que la empresa ajuste las tarifas de manera arbitraria con la autorización del Poder Ejecutivo.
"Estamos actuando en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, quienes han sido perjudicados por estos incrementos desproporcionados y la falta de inversiones en la red eléctrica. La situación es insostenible y es urgente una respuesta judicial para frenar estos abusos", concluye Marchioli.
