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Sesiona Diputados: se negocian los fondos de la SIDE y la Ley Finocchiaro

En un gesto a la UCR, Martín Menem incluyó en el temario de este miércoles una ley de financiamiento universitario. Este jueves se tratará el decreto que aumentó los fondos reservados para la SIDE y el Gobierno trabaja para doblegar a la oposición.

14 Agosto de 2024 11.59

En un guiño de último momento a la UCR, el oficialismo destrabó la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados al incluir en el temario una ley de financiamiento universitario con la que el radicalismo busca hacer bandera y ganar un lugar en la agenda, que el PRO había acaparado con su proyecto para declarar a la educación como “servicio esencial”.

El acuerdo se selló en una reunión de Labor Parlamentaria, donde el titular de la Cámara baja, Martín Menem, aceptó ampliar el temario e incorporar el proyecto universitario a cambio de que la UCR, que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo, garantizara el cuórum. De esa manera, La Libertad Avanza evitó un nuevo revés tras el fracaso de la sesión de la semana pasada.

Sesión destrabada

La ley es resistida por el Gobierno ya que tendría un impacto fiscal de 1.4 billones de pesos. De todos modos, se abre ahora una negociación entre los bloques de la oposición para determinar cuál será la propuesta que finalmente se imponga, ya que en comisiones de firmaron cuatro despachos y el de mayoría pertenece a Unión por la Patria.

El proyecto universitario será el cuarto en tratarse en la sesión, después de otros para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos, ratificar acuerdos internacionales y autorizar la entrada y salida de tropas militares, además de la iniciativa del PRO (rechazada por los gremios docentes) para declarar la esencialidad educativa y garantizar que las escuelas estén abiertas los días de paro.

Luego también se tratará una prórroga del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y una declaración sobre el “fraude electoral” de Nicolás Maduro en Venezuela. La sesión seguirá con la etapa de cuestiones de privilegio, donde promete colarse la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.

En tanto, este jueves se realizará la sesión pedida por el bloque Encuentro Federal, que encabeza Miguel Pichetto, por el DNU que otorgó $100.000 millones para tareas de inteligencia, en concepto de fondos reservados.

Dado que el debate de este miércoles promete extenderse durante largas horas (como mínimo, estiman 22), y ante el temor de que se superpongan las sesiones, Pichetto pidió pasar su convocatoria de las 10 a las 13 y Menem lo aceptó.

El Gobierno trabaja contrarreloj para bloquear la ofensiva opositora, que en las últimas horas perdió fuerza: debido a algunas ausencias de Unión por la Patria y, sobre todo, a la sorpresiva negativa del grueso del bloque radical a rechazar el DNU, el bloque de Pichetto no tenía garantizadas las 129 presencias del quórum.

Unión por la Patria contabilizaba a 95 de sus 99 integrantes y todas las miradas apuntan a cuatro diputados por Catamarca (Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez, Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila) que en su momento acompañaron al Gobierno con el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). El último lunes, Menem recibió en Diputados al gobernador Raúl Jalil, lo que alimentó las especulaciones.

De Loredo, en tanto, impulsa otra salida política para no tener que rechazar el DNU: que el oficialismo constituya de una vez por todas la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que tiene facultades para controlar el uso que se le da a los fondos reservados. Menem y la vicepresidenta Victoria Villarruel podrían firmar este miércoles el decreto para terminar de destrabar el apoyo radical.

Igualmente, unos ocho radicales que no acatan la conducción de De Loredo estaban dispuestos a sumarse a la sesión impulsada por Pichetto, al igual que la Coalición Cívica. Con esas presencias más las de Unión por la Patria, a la oposición le faltarían unas cuatro más para garantizar el éxito de la sesión y, finalmente, hacer tambalear el polémico decreto, que luego deberá pasar por el Senado.