La diputada y presidenta del Bloque de la UCR de la Cámara Baja, Silvana Carrizo, se refirió al escándalo desatado a partir de la designación del Fiscal Municipal de Valle Viejo apuntando a una maniobra del Ejecutivo "para modificar las reglas de residencia mínima en una afrenta directa a los principios de transparencia y legalidad que deben regir en cualquier administración pública".
Para la legisladora, la decisión de enviar un proyecto al Concejo Deliberante, eliminando el requisito de dos años de residencia en el departamento, "revela una clara intención de acomodar a los requisitos y normas a una persona específica" sin importar los procedimientos establecidos.
"Esta acción no sólo pone en evidencia una posible connivencia entre el Ejecutivo y algunos concejales, sino que también cuestiona seriamente la institucionalidad" apuntó Carrizo tras observar que modificar las reglas del juego para favorecer a alguien cercano, o conveniente, "es un acto que socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones". En este sentido, la Diputada radical destacó el proceder del concejal Gerónimo Cabrera (UCR) como la única voz disidente en el Concejo Deliberante, "denunciando esta flagrante violación de la Carta Orgánica Municipal" subrayó.
Carrizo fue clara al sostener como "inaceptable" que, bajo el pretexto de eficiencia administrativa, se alteren normas que garantizan la idoneidad y la imparcialidad en los cargos públicos. Al respecto recordó que el propuesto como Fiscal Municipal, no cumple con el requisito de residencia y, aún así, "se les adecuan las normas para que asuma en su cargo" repudió.
"¿Qué mensaje envía esto a la ciudadanía?" interrogó al mismo tiempo de responder que con esto se deja en evidencia que "las reglas son flexibles para unos pocos privilegiados, mientras que el resto debe conformarse con un sistema que parece estar cada vez más corrupto y manipulable".
"El respaldo de los concejales oficialistas y de La Libertad Avanza a este proyecto es igualmente condenable" disparó la Diputada mientras señaló que al votar a favor de derogar la ordenanza de 2007, "demostraron una falta de compromiso con los principios democráticos y una preocupante disposición a modificar la legislación a capricho del Poder Ejecutivo".
Carrizó enfatizó en que "es imperativo que la ciudadanía de Valle Viejo se movilice y exija transparencia y responsabilidad a sus representantes. No podemos permitir que la manipulación de las normas y el favoritismo se conviertan en la regla".
"La política debe estar al servicio del pueblo, y no al de intereses particulares, por lo que esta situación debe ser revertida, y quienes participaron en esta maniobra deben rendir cuentas por su falta de ética y compromiso con la justicia" lanzó la Diputada boinablanca.
