No fue casualidad que la primera voz oficial en salir a hablar tras el cacerolazo masivo en el país haya sido la de Marcela Losardo, la ministra de Justicia de la Nación, que responde al ala albertista del Gobierno. "Creo que describe una preocupación de la gente. Toda manifestación hay que entenderla", dijo sobre la protesta.
Losardo fue la encargada de poner los puntos sobre las íes en torno a la postura y el rol del Ejecutivo sobre las domiciliarias, tras algunas incursiones del lado kirchnerista en el tema. En pocas palabras: desligó al Gobierno y puso la responsabilidad en los jueces.
Aunque la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal -que buscó poner a salvo a los grupos de riesgo del COVID-19 en las prisiones- fue firmada el 13 de abril, la tensión subió al máximo tras el motín en la cárcel de Devoto en el que hubo heridos y que desencadenó una negociación en el penal a la que asistió el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.
El segundo de Losardo es vinculado al espacio liderado por Cristina Kirchner. Otra presencia que daba aires de triunfo a la revuelta era la del juez Gustavo Hornos.Ninguno de los dos fueron este jueves a la prisión. La ausencia hizo ruido adentro y afuera del penal.Ya no hubo dudas de que el Gobierno quería bajar el tono y dar una vuelta de timón al tema.
Llamó la atención, a la vez, que el procurador penitenciario Ariel Cejas Meliare tampoco asistió.
El propio Alberto Fernández fue quien lanzó la primera piedra en Twitter, la tarde anterior, como preludio a la nueva política con la situación de la presos, sin dejar de lado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el mensaje humanitario pero con una advertencia que bajó las pretensiones de muchos: el de los presos es un problema de los tribunales. Es decir, se despegó.
El espaldarazo inicial que habían recibido los detenidos se desvaneció.
A la fecha, fueron excarcelados 320 internos del Servicio Penitenciario Federal. Hay 1280 en condiciones de riesgo que se postularon para la domiciliaria. Este número no abarca a las penitenciarias provinciales.